La nueva ley de inmigrantes pretende facilitar el acceso de este colectivo a los servicios básicos


Mejoran las condiciones de los inmigrantes de la Comunidad. El anteproyecto abierto hoy, 29 de febrero, de la futura ley de Integración de los Inmigrantes en la Sociedad de Castilla y León otorgará, entre otras cuestiones, una especial atención a los menores extranjeros no acompañados y regulará una educación basada en el respeto de las normas de convivencia de cada centro, manteniendo siempre el derecho a la libertad ideológica y religiosa. Además, también se recogen medidas de integración, reagrupación familiar, servicios sociales, empleo y vivienda, cultura, turismo y deporte.


De esta forma, la Consejería de la Presidencia pretende resaltar los beneficios de la inmigración para la Comunidad y facilitar la integración y acceso del colectivo a los diferentes servicios básicos, tales como educación, sanidad o vivienda.

En concreto, la población inmigrante en Salamanca ascendió a 17.669 en 2011, lo que supone un aumento del 0,93% con respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 17.506 foráneos.

De esta ley, serán beneficiarios los nacionales de países miembros de la Unión Europea, es decir, alrededor de unos 87.000, y aquellos a los que pueda aplicarse el régimen comunitario.

Entre los principios generales de integración, se recoge el apoyo a los inmigrantes en el retorno a sus países de origen, aunque el consejero recordó la situación de recesión de la economía española, aunque subrayó que en los próximos presupuestos se tratará de incluir medidas pese a que la ley no está aprobada, dado que el apoyo a inmigrantes figura entre los objetivos de la Agenda de la Población.

En el ámbito educativo, son 34.181 los alumnos foráneos que estudian en la Comunidad. A este respecto, la norma señala que todas las actuaciones públicas de integración tendrán el objetivo de educar a los inmigrantes escolarizados en el respeto a las normas de convivencia de los centros docentes, sin perjuicio del respeto a su ideología o libertad religiosa.

El acceso a la salud e asistencia sanitaria es otra de medidas que se regulan. Para tener cabida en él, uno de cuyos requisitos es tener tarjeta de empadronamiento en Castilla y León. Según las cifras, 140.000 de los 172.816 son los que tienen tarjeta sanitaria, si bien los 32.000 restantes pueden ser atendidos si lo precisan.

Por su parte, la atención a los menores extranjeros no acompañados tendrán una atención “inmediata” en los dispositivos de acogida en el momento en que se comunique su presencia y se les facilitará alimentación, alojamiento y atención sanitaria y educativa.

Otro de los derechos es el acceso a la vivienda, con la posibilidad de recibir ayudas oficiales en las mismas condiciones y con los mismos requisitos que el resto de ciudadanos de Castilla y León.

Por último, la norma contempla la creación de centros integrales de inmigración en las nueve provincias, así como la celebración de eventos y actividades de carácter cultural.
diariodesalamanca.es
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