El incumplimiento de sus obligaciones por parte de entidades públicas, la falta de coordinación entre cuerpos policiales y la escasez de medios son algunas de las causas de que la información que actualmente contiene el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados sea «incompleta y, en algunos casos, errónea».
Solventar estas disfunciones es el objetivo de la primera instrucción que Eduardo Torres-Dulce firma como fiscal general del Estado y que es de obligado cumplimiento para los miembros del Ministerio Público en toda España. La Instrucción 1/2012 de la Fiscalía General del Estado advierte de que los datos incorporados al Registro no siempre son completos y, muchas veces, son erróneos. Y ello por varias causas: la negativa de los entes públicos a cumplir con «su obligación de facilitar datos»; la «inexistencia» en todas las Comunidades Autónomas de un servicio permanente y de unidades de policía científica para llevar a cabo las identificaciones (mediante impresión decadactilar y fotografía); la falta de «la adecuada coordinación» entre los cuerpos policiales que intervienen en la localización del menor; traslado de los niños de un territorio a otro o a organizaciones no gubernamentales sin previa comunicación.
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