"No podemos hacer recaer sobre los jueces toda la responsabilidad del menor, pero sí que pueden influir en él", ha señalado.
Cuando la Administración da con un menor extranjero no acompañado debe realizar una serie de pruebas para definir que efectivamente no es un adulto. Obviamente, cuando están documentados o es evidente que son niños, no es necesario. Becerril explicado que estas pruebas médicas y jurídicas pueden llegar a ser traumáticas para los menores. "Las valoraciones médico legales de estos pacientes deben ser lo más rigurosas posibles, practicando sólo aquellas pruebas que sean estrictamente necesarias y que cumplan los criterios de validez médico legal actualmente aceptados", apunta el informe.
Para evitar que tengan que pasar estos trámites más veces de las necesarias, ha solicitado que se elabore una base de datos general para que la información sobre estos niños pase de una comunidad a otra cuando sea necesario y así evitar duplicidades. Además, el informe solicita que cuando el resultado de estas pruebas refleje una edad cercana a los dieciocho años, no se tenga en cuenta.
En referencia a los menores, también a pedido que "se les escuche, no solo se les oiga". El informe aclara que los menores tienen "opiniones propias, que deben ser atendidas en consonancia con su capacidad y madurez y que, por ello, están llamados a participar en los procesos de adopción de tales decisiones; especialmente en todas las actuaciones administrativas y judiciales". Para que los niños puedan dar su opinión en los procesos judiciales "debe partirse de la presunción de que todo niño está en condiciones de formarse un juicio propio". Además, Becerril pide que a los menores se les proporcione un abogado de oficio.
Becerril pide un único modelo de parte de lesiones
La defensora del pueblo también ha presentado otros dos informes en relación con la tortura y los partes en relación con las lesiones. Becerril ha explicado que el pasado 2013 realizó 60 visitas, casi todas no avisadas, a centros de privación de libertad. Algunos no cumplen los requisitos mínimos de higiene y privacidad para el preso, por lo que ha realizado una serie de recomendaciones, de las cuales un 89% han sido atendidas. "España puede exhibir cómo cumple la ley, no hay malas prácticas ni abusos, somos un ejemplo a seguir", ha asegurado.
Para evitar estos abusos, el informe sugiere que el Ministerio de Justicia regule un modelo de parte de lesiones. Actualmente no existe una plantilla única, por lo que es difícil tramitar estas denuncias por falta de datos o de claridad.
El Defensor del Pueblo es el responsable del Mecanismo de Prevención de la Tortura (MPT) desde 2009. Al principio, las visitas a los centros eran muchas y breves, pero en los últimos años se han espaciado y cada reconocimiento dura varios días. Para este informe se han centrado en los Centros de Internamiento del Extranjero(CIE), donde los "sin papeles" son retenidos por un máximo de 60 días antes de ser repatriados. La defensora del pueblo ha insistido en que el Gobierno tiene que esforzarse en proporcionar a estos extranjeros los traductores que en muhos casos necesitan para poder comunicarse.
Se trata de centros de carácter no penitenciario, pero se retienen conjuntamente a aquellos que proceden de prisión y los que están recluidos por un error administrativo.Este año han pasado por los siete centros de esta clase que hay en España unos 9.000 inmigrantes, de los que finalmente solo han sido repatriados la mitad. Becerril también supervisó uno de los 148 vuelos de repatración que, en solitario o en colaboración con el Frontex, realizó España. Mediante estos vuelos, durante 2013, se han deportado más de 3.000 inmigrantes. "Los vuelos de repatriación respetan totalmente las normas de derechos humanos", ha apuntado.elmundo.es
