No todos los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) son jóvenes violentos, peligrosos y agresivos. Pero tampoco negar que hay de todo, como en botica.
Casi todos los trabajadores, media docena, del centro de ‘La Esperanza’, ubicado desde hace menos de medio año en Hadú, personal con hasta quince años de experiencia en el trabajo con este colectivo, reconoce haber sido defendido en alguna ocasión durante los últimos meses por alguno de los tutelados de las agresiones de quienes muestran conductas “violentas, disruptivas y antisociales” más extremas.“Ellos”, advierten al periodista bajo la garantía del anonimato, “son las víctimas y nosotros estamos para ayudarles con la profesionalidad debida, sin desatender a nadie, tal y como se hace y se ha hecho siempre, pero no se puede dar un tono de normalidad a lo que no lo es”.
En ‘La Esperanza’ trabajan actualmente ocho educadores y cerca de una quincena de monitores, aunque varios de los primeros están de baja y la plantilla de los segundos tampoco está completa: uno se ha jubilado apenas dos meses después de llegar, otro se ha ido a ‘San Ildefonso’ y un tercero pidió el retiro voluntario cuando conoció su destino. Entre los que quedan y han aceptado hablar con este periódico, todos han sufrido o conocen incidentes de distinto cariz: un mordisco en una mano en noviembre; un puñetazo en la nariz en enero; el coche de un compañero destrozado en el interior del centro en marzo; una trabajadora hostigada, golpeada y humillada junto a su hija cuando caminaban por el centro de la ciudad; disputas que terminan con una lesión en una muñeca o una costilla fisurada; el ataque con una cuchilla del pasado sábado cuando el policía de guardia había ido a comer...
“No reclamamos de las autoridades técnicas y políticas cariño, sino respeto, dignidad, consideración y seguridad para los trabajadores y para los propios menores”, reclaman hombres y mujeres, los primeros blanco frecuente de la ira de los mayores, las segundas víctimas comunes de los más jóvenes, personal “muy cualificado, tanto en unas categorías como en otras” al que ofende “muy especialmente” que se ponga en cuestión su profesionalidad.
“Es inaceptable que se quiera hacer ver como normal el insulto, la vejación, la agresión, el consumo de drogas o los robos, ni siquiera en un centro de estas características”, dejan claro los consultados, que también rechazan que se les afee en tono de reproche la presentación de denuncias “o que incluso se nos insinúe que si los tutelados tienen ese comportamiento es debido a que no desempeñamos nuestro trabajo como debemos”.
Todos los entrevistados por ‘El Faro’ coinciden en cuatro déficits fundamentales en su ámbito laboral: uno, esa falta de respaldo y apoyo explícito que lleva a “ignorar o dejar pasar para prevenir”; dos, la carencia de medios humanos para atender mejor a un grupo de 90 jóvenes; tres, la necesidad de más recursos de seguridad (tras la salida de San Antonio se suprimió la vigilancia de seguridad privada y ahora trabajan en Hadú cuatro policías locales a turnos y personal de Amgevicesa “que no tiene permiso no sólo para cachear o registrar lo que meten y sacan los menores, sino incluso para hablar con ellos”); y cuatro, la aplicación “no sólo de los derechos, sino también de los deberes que impone la legislación a los tutelados”.
“Los trabajadores sabemos qué hacer, tenemos en cuenta las curvas de estrés de los niños y tratamos de poner límites a sus conductas agresivas, de implantar hábitos y horarios, pero en solitario no podemos impedir las agresiones entre tutelados; al personal de cátering y servicios diversos o a monitores y educadores; o la introducción y consumo de sustancias estupefacientes en el centro porque a veces hay un solo profesional encargado de 90 jóvenes repartidos en dos plantas”, alegan desde una plantilla con más del 90% de interinos donde, legalmente, las únicas sanciones que se pueden imponer son “no salir o no dar la paga, tan inútil en la práctica una como la otra”.
Menores quiere contar con otros dos policías más
La Vicepresidencia Primera de la Asamblea, competente en materia de Menores, y la Consejería de Gobernación están estudiando “desde hace tiempo, no tras el incidente del pasado sábado”, aumentar “un 50%” el número de agentes de la Policía Local destinados en el centro de ‘La Esperanza’ ahora ubicado en Hadú, con lo que pasarían de cuatro a seis. Tampoco se descarta, según las fuentes gubernamentales consultadas, recuperar vigilancia privada para estas instalaciones.
