La ONU denuncia la gestión del asilo en las ciudades autónomas

El Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Mutuma Ruteere , ha resumido en un informe de 21 páginas las conclusiones que extrajo de su visita a España (pasó por Almería, Barcelona, Madrid y las dos ciudades autónomas) durante la última semana de enero. En sus conclusiones, el keniano “lamenta” que España aplique una gestión de las solicitudes de asilo “distinta” en Ceuta y Melilla y la península y “recomienda” que se “mejoren” las condiciones de alojamiento en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) ubicados en las localidades españolas ubicadas en el Norte de África. 
“La situación de los inmigrantes indocumentados en Ceuta y Melilla debe abordarse con especial atención, incluyendo sus condiciones de vida en los CETI, donde se alojan a su llegada a las ciudades autónomas”, advierte Ruteere en su dictamen para el 23° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se celebra desde el 27 de mayo y hasta el próximo viernes en Ginebra.
“Estas dos ciudades”, explica el Relator Especial, “reciben a los inmigrantes, sobre todo hombres, de Argelia, Marruecos y varios países subsaharianos, entre ellos Camerún, la República Democrática del Congo, Guinea, Malí, Mauritania, Nigeria, Senegal y Somalia”.

El Relator Especial reseña que fue informado acerca de “las dificultades que enfrentan [los indocumentados] para acceder a ambas ciudades tras años esperando en Marruecos y la violencia que sufrieron por parte de las fuerzas de seguridad fronterizas del Reino alauita y España”. 
Ruteere también se hace eco de la “preocupación” que percibió “por la situación de las mujeres víctimas de violencia sexual y de género en Marruecos a manos de las redes de tráfico presentes en la zona fronteriza de Oujda antes de acceder a Ceuta y Melilla”.
“La situación de los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla merece mayor atención”, advierte el Relator, que durante su visita a los CETI de Ceuta y Melilla constató que sus condiciones son “aceptables” en términos generales, aunque recoge una “grave preocupación” por sus niveles de “hacinamiento”, en particular en el melillense, “que tiene una capacidad de 480 personas pero acogió a 850 personas a partir de febrero de 2013”. Sobre el de Ceuta, Ruteere destaca la gran rebaja experimentada en su número de acogidos entre 2011 y 2012.
“Observo con preocupación que la protección internacional se debilita, especialmente en Ceuta y Melilla, y que la solicitud de asilo pone a las personas en situación de discriminación y desigualdad”, denuncia Ruteere, que se escandaliza al conocer que los expedientes de asilo pueden tardar en resolverse hasta 5 años cuando el máximo deberían ser 6 meses. “En Ceuta y Melilla en particular esto significa que los solicitantes se ven obligados a permanecer allí hasta que se procese su solicitud, lo que es motivo de preocupación porque los CETI se supone que son para estancias temporales y no prolongadas”, argumenta.
“Así”, critica, “los solicitantes de asilo en ambas ciudades se ven discriminados con respecto a los de la Península, que sí disfrutan de libertad de movimiento, y además se ven excluidos de los traslados organizados al continente europeo hasta que se tramita su solicitud”. “Como resultado”, hilvana, “cae drásticamente el número de solicitudes de asilo: en Ceuta, 505 en 2011 y aproximadamente 203 el año pasado”.

MENA 
El Relator Especial también hace alusión en su informe a la situación de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) en Ceuta. “Fui informado”, resume, “de que los menores no acompañados se ponen bajo el cuidado de las autoridades competentes y en centros especializados”. 
Ruteere, que visitó el Centro de ‘La Esperanza’ nada más ser reubicado en el albergue de Hadu, refleja igualmente que tuvo conocimiento de los “problemas” existentes “con respecto a la vulnerabilidad de los niños que llegan a los 18 años de edad y ya no tienen el permiso de residencia en vigor a las que tenían derecho los menores de edad”. 
Según las fuentes que maneja el Relato, “alrededor de 3.000” jóvenes se encuentran en esa situación. En ese sentido, Ruteere refiere que fue informado de los diferentes métodos que se utilizan para determinar la edad de los MENA, “incluyendo pruebas de ADN y óseas” de cuya “incertidumbre”  “falta de precisión” se hace eco antes de reseñar que son necesarios “sistemas más fiables”.

elfarodigital.es