La Memoria 2011 de la Fiscalía General del Estado destaca que por el contrario, la llegada de menores a las costas de Canarias se ha reducido “extraordinariamente”
La principal vía de acceso de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) a territorio nacional sigue siendo la de Ceuta, Melilla y Algeciras, mientras que las llegadas a Canarias se han reducido de forma “extraordinaria”. Esta es una de las conclusiones que recoge la Memoria anual de la Fiscalía General del Estado, correspondiente al año judicial 2011, en el ámbito de Menores. Además, señala los “graves problemas de sobresaturación” en las dos ciudades autónomas.
Ceuta, Melilla y Algeciras son las principales rutas de acceso de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) a territorio nacional. Así se recoge en Memoria de la Fiscalía General del Estado 2011, hecha pública la pasada semana.
En el informe, de más de 2.600 páginas, se señala que si se atiende al número de diligencias incoadas por las distintas Fiscalías territoriales españolas se puede establecer cuál es la ruta migratoria de la mayor parte de los menores en la Península. “Tras entrar en territorio nacional por Ceuta, Melilla o Algeciras -normalmente ocultos en vehículos a motor– o llegados a las costas del Mediterráneo en distintos tipos de embarcaciones, muchos de ellos se desplazan al norte de España para posteriormente, buena parte de ellos, trasladarse a Barcelona y Madrid”, señala la memoria. “Por el contrario la llegada de menores a las costas de Canarias se ha reducido extraordinariamente”, agrega.
Según los datos de la fiscalía eso lo acredita el dato de que durante el año 2010 elmayor número de diligencias de determinación de la edad se incoaron por las Fiscalías de Ceuta y Melilla (18,74 por 100), las Fiscalías de la costa andaluza y alicantina (22,7 por 100), las Fiscalías del norte de España (Asturias el 5,62 por 100), Fiscalías de Gipuzkoa, de Cantabria, y de Araba el 8,99 por 100), y Bilbao (8,29 por 100), la Fiscalía de Barcelona (14,01 por 100) y la Fiscalía de Madrid (6,37 por 100).
En el ámbito general de Menores, y en cuanto a los medios personales y materiales de las Fiscalías el informe refleja que, en relación con las instalaciones e “donde las críticas de los fiscales son más acerbas” en cuanto a su “evidente inadecuación”, tanto en el caso de las Fiscalías como en el de los Juzgados de Menores. Entre las carencias figuran “la falta de espacios adecuados o calabozos para custodia de los menores detenidos”, que no existen ni en Ceuta ni en Salamanca.
En la ciudad hay “graves problemas de sobresaturación” En el caso de Ceuta y Melilla y en relación con los MENA, “por su situación geográfica destacan graves problemas de sobresaturación”. El informe de la Fiscalía General del Estado señala que en Ceuta “se ha intentado remediar la ausencia de escolarización de menores en situación irregular, a los que se exigía previo empadronamiento, por lo que hubo de dirigirse recordatorio al Director Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia de la obligación de las Administraciones Públicas de proporcionar a los menores la asistencia adecuada en materia de educación (art. 10 LOPJM 15/1996)”.
Dentro de las medidas de medio abierto una de las más adecuadas y demandadas por las Fiscalías, a fin de extraer almenor del entorno conflictivo, es la convivencia con grupo educativo. “El problema sigue siendo que, o bien tal recurso comienza a saturarse (es el caso de Sevilla), o directamente sigue sin crearse (a título de ejemplo CastillaLa Mancha, Ourense, Ceuta, Castellón, Teruel, La Rioja…)”, indican en la Memoria. En lo referente a estas medidas, la Fiscalía señala la incidencia negativa que parecen estar teniendo “las actuales restricciones
económicas” en cuanto a la disminución de recursos. En concreto, la Sección Tinerfeña incide en otro aspecto “preocupante” al que también aluden más Fiscalías: el aumento de la ratio de menores por técnico de libertad vigilada, con cifras que sobrepasan con mucho los 12 o 15 menores por educador (provincia de Cádiz y Ciudad Autónoma de Ceuta), llegando en ocasiones en Illes Balears hasta 30 menores por educador, lo que hace inviable su cometido, como afirma la última Fiscalía mencionada.
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