El Parlamento Vasco ha avalado la postura de la Diputación de Álava de dejar fuera a una veintena de jóvenes mayores de edad de los itinerarios de inserción previstos para los menores extranjeros en los centros de acogida forales.
El parlamentario de Ezker Anitza-IU, Mikel Arana, ha llevado a la Cámara la polémica surgida tras la decisión de la Diputación alavesa de expulsar de sus centros de acogida para menores extranjeros a más de veinte jóvenes tras confirmarse con pruebas óseas que eran mayores de edad.
Arana ha denunciado que esos jóvenes han quedado fuera de la red de servicios sociales y ha recordado que son atendidos por voluntarios y por una plataforma de apoyo.
En su proposición no de ley, Arana ha pedido a la Diputación y al Ayuntamiento de Vitoria que apliquen a estos jóvenes expulsados los mismos protocolos de inserción social establecidos para los menores que alcanzan la mayoría de edad en dichos centros.
La iniciativa, en la que también se solicitaba a ambas instituciones que resuelvan con urgencia la situación de desamparo de los jóvenes expulsados, no ha salido adelante al votar en contra PP y PSE-EE, mientras que el PNV y UPyD se han abstenido y Aralar, EA y EB la han apoyado.
Este rechazo a la iniciativa supone que la mayoría del Parlamento avala las tesis de la Diputación alavesa sobre esta polémica, ya que la diputada foral de Servicios Sociales, Marta Alaña, mantuvo que los jóvenes expulsados no tienen derecho a los protocolos establecidos para los menores que cumplen 18 años en los centros al entender que "nunca deberían haber ocupado una plaza" por ser mayores de edad.
En lugar de la iniciativa de Arana, el pleno de la Cámara ha aprobado una enmienda transaccionada por PP y PSE-EE, en la que no se hace referencia explícita al caso de los veinte jóvenes expulsados.
El primer punto de esta enmienda, apoyada también por PNV y UPyD, y rechazada por Ezker Anitza-IU, EA y Aralar, pide que se mantenga y mejore la coordinación de las instituciones para que los procesos de determinación de la edad se agilicen.
El segundo punto aprobado por populares y socialistas, en el que el PNV y UPyD se han abstenido y el resto ha votado en contra, insta a las diputaciones y ayuntamientos a que continúen aplicando los protocolos de actuación para los casos de menores extranjeros no acompañados tutelados que alcancen la mayoría de edad.
Durante el debate, en el que no han intervenido los representantes de UPyD, Gorka Maneiro, y de EA, Juanjo Agirrezabala, Mikel Arana ha calificado de "emergencia humanitaria" la situación de los expulsados.
Desde el PP, Mari Mar Blanco ha dejado claro que la inmigración ilegal "favorece el fraude y la picaresca", ha defendido la "rigurosidad" con la que ha actuado la Diputación en este caso y ha recordado que tienen a su disposición los servicios sociales del Ayuntamiento de Vitoria.
Por su parte, la parlamentaria socialista Teresa Laespada ha reconocido que los expulsados están en una situación de emergencia social y ha pedido que entren en los programas de reinserción forales, aunque finalmente no ha apoyado la iniciativa de Arana y ha transaccionado la enmienda con el PP.
Nerea Antia (PNV) ha lamentado la mala coordinación entre Diputación y Ayuntamiento al dejar "en la calle" a los jóvenes y Mikel Basabe (Aralar) ha opinado que en este caso "todo está mal hecho", al tiempo que ha pedido que se deje de unir inmigración con delitos y fraude. EFE
Leonardo
