Con su vehemencia particular y aferrada a la contundencia de los datos, la teniente de diputado general y responsable de Servicios Sociales, Marta Alaña, compareció ayer en las Juntas para dar cuenta de la problemática surgida en torno a los menores extranjeros no acompañados ('menas') y reiterar sin ambages que la Diputación no va a permitir que personas que se hagan pasar por menores edad sean atendidas en los recursos forales de protección a la Infancia, como el centro Bideberria de Coronación. «Este Gobierno ni ha dejado ni va a dejar a un menor en la calle», advirtió ante las críticas de la oposición, en especial de Bildu, que llegó incluso a hablar de «racismo».
La realidad dibujada por la diputada, luego rebatida por la plataforma de apoyo a estos chicos -que también compareció en la comisión-, apunta a la existencia de mafias que trafican con pasaportes y hacen de estos jóvenes víctimas de un fenómeno que lleva cuatro años al alza, y que en Álava provocó que se desbordaran los servicios forales en la pasada legislatura. De hecho, de las 49 personas que salieron del centro foral entre julio y enero, seis lo hicieron porque presentaban un pasaporte falso, según la Policía.
Ahora, como desveló este diario, los protocolos de control se han agilizado de forma notable. En ellos participan Fiscalía, Subdelegación del Gobierno, Instituto de Medicina Legal y Osakidetza y se basan, sobre todo, en la certificación y análisis de la documentación, y en la realización de la prueba ósea. Según los datos aportados por Alaña, el 72% de estos exámenes médicos concluye que los jóvenes eran mayores de edad.
Una vez corroborados estos resultados, es el fiscal de Inmigración el que tiene la última palabra y el que emite el decreto de mayoría edad que sirve a la Diputación para derivar al joven a los servicios municipales de emergencia. «El sistema de certificación de edad es el más garantista que existe en el territorio nacional -se toman tres muestras de diferente tipo- y en caso de duda, prima la minoría edad», recalcó la teniente de diputado general.
Al hilo de este supuesto fraude, también reveló que otras cinco personas ya contaban con un decreto fiscal de mayoría de edad emitido por otras comunidades autónomas. Se dan casos, explicó, que el 'menor' dice que lleva en España un año y tres meses y sin embargo, la Policía ya lo tiene referenciado desde 2007, o situaciones en las que el joven ha presentado dos pasaportes diferentes en función de la ciudad a la que acudió. No solo eso. Hay dos chicos, remarcó, que llegaron a la Diputación diciendo que eran 'menas' y luego se descubrió que habían pedido asilo político, algo para lo que es obligatorio ser mayor de edad. «Estos son datos, no demagogia», apostilló Marta Alaña.
Críticas de los partidos
El escenario trazado por la diputada distó mucho del dibujado por Marimar Jiménez y Juantxu Oscoz, dos de los integrantes del colectivo de apoyo a estos chicos que ayer comparecencia en la Cámara. En su intervención, denunciaron el abandono institucional que sufren estos menores desde hace un par de meses. Y es que ha habido casos en los que familias voluntarias les han acogido en sus casas para que no estuvieran «tirados». Ahora, explicó Jiménez, están atendidos en albergues municipales y tienen comida, pero las condiciones no son las idóneas, lamentó.
Respecto al procedimiento legal establecido, aseguró que los seis casos de pasaportes falsos son situaciones puntuales e instó a las instituciones a que se tenga siempre en cuenta la documentación frente a la prueba ósea, como así lo han dictado varios jueces. Lo que sí pidieron, por otra parte, es más coordinación entre la Diputación y el Ayuntamiento, algo en lo que Alaña dijo estar trabajando y que también criticó la juntera peneuvista Malentxo Arruabarrena.
Entre los partidos, la crítica más dura fue la del procurador de Bildu Luis Mari Salgado, que acusó a las instituciones de actuar con ciertos «prejuicios» hacia los inmigrantes. «Esto se llama racismo», zanjó.elcorreo.com
