Este es uno de los asuntos destacados por el Defensor del Pueblo en su informe de actividad correspondiente a 2011 en el que, en materia de inmigración, también cabe destacar la preocupación de la institución por el tratamiento que reciben los menores extranjeros no acompañados y las condiciones de vida en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES).
Los temas de extranjería e inmigración son uno de los que más quejas individuales ha generado a lo largo del año, detalla el informe, que recoge 1.201 quejas individuales y 61 de oficio en esta materia.
Pese a la cantidad de quejas recibidas, la institución se congratula del hecho de que muchas de sus recomendaciones del año pasado han favorecido varias reformas legales e 'importantes cambios' en procedimientos administrativos.
Pese a la aprobación de la nueva Ley de Extranjería, la institución que dirige en funciones María Luisa Cava de Llano ha detectado infracciones, ilegalidades y prácticas que lesionan los derechos de los inmigrantes.
Así, el informe detalla las numerosas denuncias de ciudadanos que han sido víctimas de controles de identificación en plena calle y sufrido 'detención cautelar' mientras la Policía comprueba la legalidad o no de su situación en España, una práctica reiteradamente denunciada pero que todavía se lleva a cabo.
En cuanto a la situación de los menores extranjeros no acompañados (MENAS), el Defensor del Pueblo ha subrayado que las quejas relacionadas con la determinación de la edad siguen siendo una constante pese al informe monográfico y las recomendaciones emitidas el año pasado.
Hechos como que sea la Policía quien realice las pruebas de edad y no la Fiscalía, o que se ponga en duda la fiabilidad de documentos oficiales son algunos de los reproches de la institución.
Así, el informe detalla el caso de tres jóvenes procedentes de Malawi que llegaron a España con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud y decidieron quedarse.
Tras unos meses acogidos en un centro de menores, se les practicaron las pruebas de edad pese a que sus pasaportes los identificaban como menores y todos contaban con un visado de entrada emitido por la embajada de Alemania en su país.
Resultado de las pruebas, dos de ellos fueron declarados adultos y el tercero se negó a someterse al procedimiento, pese a lo que el Defensor del Pueblo está investigando el caso por considerar que las pruebas no estaban debidamente motivadas.
Finalmente, otro asunto que ha ocupado al Defensor del Pueblo a lo largo del años 2011 ha sido el control de las condiciones de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES), un asunto al que dedicó varias investigaciones, visitas sorpresa a centros y un informe monográfico cuyas recomendaciones están siendo adoptadas.
La institución mantiene abiertas investigaciones a centros de Fuerteventura, Ceuta y Melilla; por las muertes de sendos retenidos en los centros de Barcelona y Madrid, y por la expulsión del centro de Valencia de un interno que había denunciado malos tratos.
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