La drástica reducción en las llegadas de inmigrantes a bordo de pateras y cayucos desde África, así como las devastadoras consecuencias que está generando la actual crisis económica en los sin papeles, ha provocado que el Gobierno de Canarias haya dado la espalda a un fenómeno que, durante años, se situó en el epicentro del debate político.
Eso es, al menos, lo que se desprende del Informe sobre la situación de la inmigración en Canarias, presentado hace unos días por la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior del Parlamento regional, al que ha tenido acceso este periódico.
En dicho documento se deja claro que, para conocer hasta qué punto la coyuntura de crisis está incidiendo en la población inmigrante, parece preciso “activar el Foro Canario de la Inmigración, en cuanto a establecer un diagnóstico del proceso actual y a proponer medidas con las que enfrentar las situaciones más problemáticas”.
“Esto debe significar, asimismo, la definitiva creación del Observatorio Canario de Inmigración, recogido ya con financiación específica en el Plan Canario para la Inmigración que se extendió entre 2002 y 2004”. “Sus objetivos -expone el texto- deben dirigirse hacia la construcción de un banco de datos sistemático y actualizado sobre flujos, población e identificadores del proceso de integración, así como a la realización de estudios, informes y elaboración de indicadores sobre integración social”, subraya la Comisión. El mencionado Observatorio, uno de los objetivos prioritarios que planteaba el Plan Canario para la Inmigración, se puso en marcha en octubre de 2002 con el objetivo de analizar el empleo y la formación de la población migrante de las Islas, e incluso sus primeros datos se hicieron de públicos en la web de la Consejería de Asuntos Sociales. Sin embargo, y aunque dicho plan llegó a contar con más de 130 millones de euros entre 2002 y 2008, no se ha actualizado ni dotado de recursos humanos y materiales desde el año 2004.
Necesidad y objetivo
Dos años antes, en el marco del Pacto Canario sobre Inmigración, suscrito por todas las fuerzas políticas del Archipiélago, también se convenía la necesidad de “ejecutar el Plan Canario de Inmigración”, aprobado por el Ejecutivo el 16 de julio de ese mismo 2002. Paradójicamente, en los Presupuestos Generales de 2012 se vuelve a incidir en la necesidad de “impulsar el funcionamiento y actuación del Foro Canario de la Inmigración, como órgano de participación, asesoramiento y consulta de la Comunidad Autónoma respecto a las necesidades de los inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y desplazados residentes en Canarias, fomentando la actividad de sus comisiones de trabajo y aumento de sus sesiones y deliberaciones”. “La gestión de la inmigración y el desarrollo de políticas públicas adecuadas a la dimensión e implicaciones del fenómeno en cada momento, precisa disponer de información de calidad sobre sus múltiples vertientes, tanto desde una perspectiva longitudinal como transversal, lo que plantea la creación o el fortalecimiento de los dispositivos para la obtención de datos significativos que faciliten la caracterización del fenómeno e indiquen tendencias que orienten el proceso de toma de decisiones”, denota en sus conclusiones la Comisión de Acción Exterior del Parlamento, que insiste en la “necesaria promoción de una mayor desagregación geográfica de la información socioeconómica y geo-demográfica, para enfrentar análisis e investigaciones con mayor acento o enfoque territorial”.
Centros y menores
En las conclusiones del informe elaborado por la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior del Parlamento de Canarias también se propone, de manera específica, iniciar un “estudio detallado de la calidad de la intervención en los Centros de Atención de Menores Extranjeros no acompañados (CAME) y en el resto de los recursos de acogimiento”, valorando, especialmente, la formación recibida por los jóvenes, así como las estrategias de integración social y de inserción laboral que se llevan a cabo. Dicho estudio es “complementario a otro acerca de la situación y de las actividades que realizan los menores -ya adultos- una vez que dejan de ser Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) según la legislación vigente y abandonan los centros en los que han sido acogidos”.
El informe, firmado por Melchor Núñez, viceconsejero de Políticas Sociales e Inmigración del Ejecutivo autonómico, también sugiere la “elaboración de estadísticas sobre los días de estancia anuales causados por los inmigrantes interceptados en los centros de retención y centros de acogida de menores, incluyendo una valoración económica del coste provocado por dichas estancias”. Por todo lo mencionado, concluye el propio documento aprobado en la Cámara autonómica, “parece conveniente mejorar y ampliar la información disponible sobre la llegada de personas indocumentadas al Archipiélago canario, una cuestión que es competencia de la Delegación del Gobierno en Canarias”.
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