La imposibilidad de mantener a los hijos por la falta de ingresos en el hogar está llevando cada vez a más familias desempleadas a tener que dejarlos al cuidado de la Administración. Los desahucios también están abocando a esta decisión. La mayoría son inmigrantes aunque empiezan a detectarse algunos casos de españoles. «El número de menores extranjeros en la Comunitat cuyos padres o tutores no pueden hacerse cargo de ellos por la crisis y pasan a ser tutelados por la Generalitat va en aumento», alertó ayer el profesor de la Universitat Politècnica de València (UPV), Vicente Cabedo.
En la actualidad, el Sistema de Protección de Menores cuenta con 380 inmigrantes acompañados que se encuentran en guarda o tutela pese a que sus familias residen en la Comunitat. «Se trata de una tendencia derivada de la situación económica y que seguirá incrementándose. Las cifras de estos niños que están en desprotección social por la realidad económica son preocupantes», añadió Cabedo, que dirige estos días la cuarta edición de unas jornadas sobre sobre la protección e integración de estos jóvenes.
En la mayoría de estas intervenciones de la Conselleria de Bienestar Social, los protagonistas son familias procedentes de Suramérica. «Antes apenas había niños de Latinoamérica en centros de protección. Ahora cada vez hay más. Y la circunstancia económica es el problema real en casi todos ellos», relata el experto. A la escasez de medios económicos se suman las pautas de atención con los hijos, derivadas de las diferencias culturales. Actitudes como dejarles que estén en la calle hasta la madrugada o que no vayan a clase hacen que estos menores terminen en las redes de protección institucional.
En otros casos, los padres que emigraron con su familia a la Comunitat hace años y hoy no encuentran trabajo «deciden marcharse a otros países de Europa para lograr una oportunidad laboral y optan por dejar a sus hijos con la familia extensa o a cargo de la Generalitat», explica Evelyn Sierra, profesora de la Universitat de València y ex educadora del centro de acogida Avar.
Los servicios sociales son los que suelen detectar estas situaciones de riesgo, «cuando los progenitores, sin trabajo, acuden allí para pedir ayuda. Empiezan así, después se ve que los niños no acuden a clase y que no pueden cubrir las necesidades básicas. Tras analizar exhaustivamente cada caso, con los informes pertinentes y estudiando primero la opción de la familia extensa, se declara el desamparo», explica Yasmina Benchiheub, directora del centro de recepción y acogida de menores Lucentum de Alicante.
Sin embargo, estos casos empiezan a darse también en familias españolas. «Los niños atendidos ahora tienen muchas carencias afectivas. Antes, al llegar un menor solo, se pensaba en familias desestructuradas. Esto sigue pero ahora se añaden los desahucios. No hay quien atienda a estos chicos en los que se ha perdido la vivienda y lo que vemos es que sobreviven solos, sin un referente adulto», manifiesta la directora del centro.
«Nos llegan muchos niños afectados por desahucios, con los padres en paro y en familias en las que nadie puede ayudarles. Los abuelos ya están apoyando a otros familiares con su pensión y ya no tienen a dónde recurrir», cuenta. Tal y como advierten las diferentes entidades sociales que ayudan a los más necesitados, las redes familiares se han roto y ya sólo les queda la ayuda social.
Frente al crecimiento de atenciones de jóvenes inmigrantes con familia en la Comunitat se da una disminución de los que recorren solos miles de kilómetros dejando a los suyos en su país de origen. Esta caída tiene que ver con la falta de oportunidades por la crisis. «Desde 2007 se ha reducido la presencia de Minas (menores inmigrantes no acompañados). Cinco años antes, cuando se produjo el boom, había residencia, trabajos y cursos para su integración. Ahora no hay recursos. Muchos de los que vinieron han vuelto a sus países y su experiencia, con esta realidad y las dificultades idiomáticas que se han encontrado, hacen que se frene ese fenómeno», afirma la directora del centro Lucentum.
El secretario autonómico de Justicia, Antonio Gastaldi, recordó que la avalancha de menores inmigrantes en la última década «motivó a la necesidad de adaptar los recursos del sistema de protección a este colectivo». La Comunitat tiene siete centros específicos que albergan 60 plazas residenciales, si bien los demás centros también acogen a los jóvenes extranjeros.
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