Amnistía Internacional (AI) trasladará a la Junta y a las Cortes de Castilla y León diez recomendaciones en materia de derechos humanos que pretenden que deriven en un plan autonómico de protección y promoción de los derechos humanos.
Una serie de recomendaciones que Amnistía Internacional entiende que entran dentro del marco de las competencias de las instituciones autonómicas, ya que, según ha expresado en rueda de prensa la presidenta de Amnistía Internacional en Castilla y León, Arancha Vicario, son unos actores "fundamentales" en la protección de los derechos humanos.
También ha expresado que son "los principales interlocutores", junto con los ayuntamientos, con aquellas personas que ven "vulnerados sus derechos humanos", de ahí que vayan a presentar un documento que Amnistía Internacional considera que la Junta de Castilla y León debería desarrollar durante la presente legislatura.
"Una agenda de derechos humanos para Castilla y León", cuyo borrador ya fue trasladado a los candidatos políticos en las pasadas elecciones autonómicas.
En este sentido, ha recalcado que el objetivo de este documento es alcanzar un compromiso por parte del Gobierno regional "para llevar a cabo esa protección y promoción de los derechos humanos" y que se concrete en un "Plan Regional de Derechos Humanos" que sirva "como documento unificado".
En primer lugar, reivindica un plan autonómico que contenga medidas en colaboración con ONG's y expertos en materia de lucha contra el racismo y la discriminación, una lacra "invisible" en España, al no haber datos oficiales, pese a que se observan grandes problemas.
También pide que se siga progresando en la lucha contra la violencia de género, un problema en el que, según Arancha Vicario, se han realizado "importantes avances en los últimos 35 años".
El tercer punto del documento redunda en la formación de los policías locales, la cual, en su opinión, debe contar con contenidos "suficientes y de forma transversal" en materia de derechos humanos, así como que se establezcan mecanismos efectivos para investigar y castigar los casos de malos tratos y adoptar medidas preventivas.
Además, el documento reclama que se garanticen los derechos de los menores de edad que se encuentran en centros de protección terapéuticos y, también, el derecho a la educación, la salud y la integridad física y mental de los menores extranjeros no acompañados y bajo tutela de la administración.
Según ha desgranado Vicario, insta, asimismo, a desarrollar políticas, leyes y medidas orientadas a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas y a impulsar de forma efectiva la educación en derechos humanos.
"Garantizar la promoción y respeto de los derechos humanos en sus relaciones con otros países, promover iniciativas a favor de los derechos humanos y que se ha apliquen los derechos humanos a la política de cooperación al desarrollo", ha enumerado, completan las recomendaciones que Amnistía Internacional explicará a las instituciones autonómicas, con las que anhela entrevistarse.
Elena Briongos, presidenta de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Aranda de Duero (Burgos), ha solicitado que se dejen de "estigmatizar" las enfermedades mentales, que se logre una participación efectiva de las personas que las sufren en las actuaciones y se las ayude a integrarse en la sociedad formativa y laboralmente.(abc.es)
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