Yusef
tenía 16 años el 19 de agosto de 2009. ¿O eran 18? ¿O 17? A este
extranjero recién llegado a España se le hicieron tres pruebas
óseas en tres hospitales de tres provincias distintas entre finales
de agosto y principios de septiembre de ese año. El hospital Torre
Cárdenas de Almería determinó que era un menor de "aproximadamente
16 años"; un centro de Valencia aseveró cinco días más tarde
que su edad era de "aproximadamente 18 años" y un tercer
centro de la ciudad de San Sebastián afirmó que "el grado de
madurez ósea" era de 17 años. Es decir, fue considerado menor
en dos comunidades autónomas y mayor de edad en una tercera en un
lapso de 17 días.
La
edad es determinante para el futuro de un inmigrante que llega a
España: si es mayor y no tiene papeles será expulsado; si es menor
debe ser protegido por el Estado, que solo podrá repatriarlo a su
país de origen si se cumplen ciertas garantías y si tiene un
entorno seguro y estable al que regresar. Por otro lado, en los casos
en los que la persona haya cometido un delito, si es mayor se le
aplicará el código penal de adultos, más duro y con penas de
prisión; si no, podrá beneficiarse de la ley de responsabilidad
penal del menor, con medidas más cortas y encaminadas mucho más
directamente a la reinserción social.
El
caso de Yusef refleja el monumental caos que existe en torno a la
determinación de la edad de los extranjeros que llegan a España y
que ha sido analizado en el informe presentado ayer por la Defensora
del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ¿Menores o adultos?
Procedimiento para la determinación de la edad, que denuncia que
el sistema no funciona. Las pruebas óseas y dentales no son fiables
y presentan grandes márgenes de error que no siempre son tenidos en
cuenta; los que aducen ser menores no tienen derecho a asistencia
jurídica gratuita; el registro nacional de menores no acompañados
está incompleto, de forma que cuando un menor pasa de una comunidad
autónoma a otra, si no está registrado, puede ser sometido de nuevo
a las mismas pruebas -muchas veces con resultados distintos-;
autonomías y fiscalías aplican la ley de forma distinta y la
descoordinación entre las regiones es absoluta. En ocasiones,
incluso dentro de una misma comunidad autónoma se aplican criterios
diversos.
Los
ejemplos de prácticas disfuncionales son múltiples. Un informe
emitido por un hospital de Granada el 11 de agosto de 2011 fijaba la
edad de la persona estudiada como de "18 años según los
criterios establecidos por Greulich y Pyle [un estándar de
determinación de edad] para varones de raza blanca en la costa este
de EE UU". El problema es que el paciente ni era varón, ni era
de raza blanca, ni era americano: se trataba de una mujer nigeriana
de raza negra llamada Gladys que aseguraba ser menor de edad y que
fue expulsada poco después en virtud de este informe.
La
escasa fiabilidad de las pruebas óseas es tal que ha ocurrido que a
un menor lo consideren mayor de edad al llegar a España y dos años
más tarde, cuando en teoría debería tener ya al menos 20 años,
otra prueba distinta establezca que es menor. A otro chico le dijeron
que tenía 13 años en 2008 y le atribuyeron 19 en 2010, según
consta en el informe del Defensor del Pueblo.
Otras
veces los exámenes médicos directamente no cumplen con los
estándares mínimos exigidos por los expertos y se limitan a
señalar, sin más datos, que la "edad ósea es de 18 años".
Son informes de media línea en los que el médico no explica por qué
ha llegado a esa conclusión ni el margen de error ni la horquilla de
edades entre las que puede estar la persona.
Los
problemas están claros, pero, ¿qué puede hacerse para garantizar
la seguridad jurídica del menor en estos casos y que a la vez el
Estado pueda confirmar que no hay fraudes? En primer lugar, según
las consideraciones del Defensor del Pueblo, debe partirse de la base
de que las pruebas óseas y de mineralización dental tienen márgenes
de error y tratar de minimizarlos. No hay un método científico
seguro y fiable al 100%.
"La
radiografía de la muñeca no es suficiente para determinar la edad",
indica Rafael Bañón, médico forense y director del Instituto de
Medicina Legal de Murcia. "Hace falta una exploración completa
del menor, una radiografía de la boca y, en algunos casos, una
radiografía de la clavícula. Con todo esto se podría tener una
certeza en algunos casos. En otros, ni siquiera con estas pruebas se
habrá llegado a un resultado concluyente y seguirá habiendo margen
de error. Entonces tendrán que ser los fiscales los que decidan con
otros elementos no científicos como declaraciones de testigos".
Otro
de los problemas detectados por el Defensor es que en ocasiones son
los propios fiscales los que derivan directamente al menor a un
centro médico y el que dice qué pruebas concretas deben hacerse
para fijar su edad cuando debe ser únicamente un médico
especialista en la materia el que determine el cómo y el qué se
debe hacer.
El
manual de buenas prácticas en esta materia que han establecido los
expertos debería generalizarse. Y los menores tendrían que tener
derecho a verificar que así se ha hecho y a recurrir ante los
tribunales cuando no se haya seguido, según el informe del Defensor
del Pueblo. Una de sus recomendaciones es que se reforme la Ley de
Extranjería para garantizar el derecho del menor a estar asistido
por un abogado en este proceso.
El
informe hace 41 recomendaciones a las autoridades. Pide que se
garanticen servicios especializados; un protocolo de actuación que
sea seguido por todas las administraciones; y que se corrija el
funcionamiento del Registro de Menores Extranjeros para que las
distintas puedan compartir sus datos y no se repitan una y otra vez
las mismas pruebas ni se someta a radiación a un mismo niño hasta
cuatro y cinco veces. "Hay menores que durante meses han estado
en un centro sin que se haya comunicado a la Policía Nacional ni
conste en el registro", señaló ayer Cava de Llano.
La
mayoría de los inmigrantes sometidos a este tipo de pruebas -3.054
en 2010, según datos de la Fiscalía General del Estado- son
hombres. Apenas entran chicas a España sin documentación que se
identifiquen como menores, lo que hace temer a las asociaciones y al
Defensor del Pueblo que haya una realidad oculta: víctimas de trata
menores en situación de extrema vulnerabilidad que no son detectadas
por las autoridades y que después acaban en clubes en los que acaban
siendo invisibles para siempre.(elpais.com)
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