El Tribunal de Cuentas señala en su «Informe de Fiscalización sobre los fondos públicos aplicados por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración para la Integración de los Inmigrantes» que la Asociación Colectivo La Calle suscribió en 2007 cuatro convenios de colaboración con el Gobierno de Canarias para la atención de menores extranjeros no acompañados (Menas), pero uno de ellos «no se formalizó en ningún documento jurídico» y ninguno contemplaba la contratación o disposición de trabajadores para realizar las tareas encomendadas en los convenios, con cargo a las subvenciones recibidas de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes (DGII).
El citado informe, aprobado el 22 de diciembre de 2011, que aprecia numerosas «deficiencias» en las cuentas anuales del ejercicio 2007, precisa que el colectivo La Calle suscribió en aquel año sendos convenios de colaboración con la Dirección General de Protección del Menor de Canarias para la acogida de 11 menores saharauis, por el que facturó 344.925 euros en 2007. Vale decir que cada niño costó al contribuyente 31.356 euros en promedio, el quivalente a cuatro salarios mínimos.
Además, suscribió dos convenios con la Consejería de Asuntos Sociales para la ejecución de medidas judiciales de libertad vigilada para jóvenes en el centro «El Balayo», por valor de 161.342,12 euros, y en los centros «Teide» y «Timaguada», cuya facturación se elevó a 236.258,17 euros. El cuarto convenio, indica el informe, se efectuó con la Fundación Canaria de Juventud (IDEO) para desarrollar el programa «Servicios de Orientación e Inserción Sociolaboral en los centros de medidas judiciales Valle Tabares y La Montañeta», por el que la asociación percibió 178.442,46 euros.
El convenio de colaboración con la Dirección General de Menor para la acogida de menores saharauis en 2007 «no se formalizó en ningún documento jurídico», apunta, y solicitada «una certificación a la Dirección que prestara cobertura a la actividad, la certificación no fue aportada» por la Dirección. El órgano fiscalizador destaca que los convenios de colaboración analizados exigían a la organización proporcionar a las entidades receptoras de los servicios, con carácter previo al inicio de la actividad y para su conformidad, la relación de personal asignado, con indicación de jornada, titulación, cualificación y funciones.
El Tribunal solicitó a La Calle el listado de personal entregado a Canarias y Madrid, pero «no fueron proporcionadas». Trasladada la petición al Ejecutivo canario, el Tribunal hace constar que «ningún trabajador cuyas retribuciones estuvieran asignadas a las subvenciones recibidas de la DGII figuraba en los centros gestionados por el Gobierno canario». La Secretaría de Estado de Inmigración concedió, con cargo al presupuesto de 2007, ayudas directas a La Calle y a la Fundación Armenteros para la acogida de menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias, por 2.102.160 euros.
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