El Gobierno regional reestructurará la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social para hacerla eficiente y viable, con la disolución de la empresa Emprendiser, un ERE que afecta a 12 personas y la supresión de algunos programas que no dejarán de prestarse, sino que asume la Administración.
Fuentes de la Fundación han dicho que la reestructuración, con la que se estima que se pueda lograr un ahorro de 1,5 millones de euros al año, quiere acabar con la "ineficiencia" de la entidad.
El Ejecutivo del PP achaca esa ineficiencia, entre otros motivos, a "duplicidades" en funciones que prestaban esta Fundación para la Salud y el Bienestar Social y la Administración.
A juicio del Gobierno del PP, la Fundación se había convertido en una especie "de cajón de sastre", pues venía prestando servicios en diversas áreas como educación, violencia de género o explotación sexual, y cuestiones que no tienen que ver estrictamente con sanidad y servicios sociales.
Por eso, lo que ahora se plantea es adaptar las tareas que va a realizar la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social a sus funciones y objetivos reales, con lo que se eliminarán programas que no se ajusten a esas premisas y se impulsarán medidas para racionalizar gastos.
Esta Fundación forma parte del sector público de la comunidad autónoma, depende de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y su objeto social se centra en actuaciones de promoción de la salud y del bienestar social.
Emprendiser, por su parte, es la empresa que presta servicios relacionados con la actividad de esta Fundación, como el catering social, la asistencia a domicilio o la teleasistencia.
Fuentes de la Fundación han asegurado a EFE que la reducción de plantilla y la supresión de programas no mermará la calidad del servicio, sino que se pretende "evitar duplicidades" y "deshacer el aparataje" que se había "engordado" en los últimos años en torno a esta entidad pública.
La Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social y Emprendiser se financian al cien por cien con aportaciones de los Presupuestos Generales de Cantabria , y en los últimos años han recibido una consignación que ronda los 20 millones de euros cada ejercicio.
Después de la toma posesión del Gobierno del PP, los nuevos responsables de la Fundación para la Salud y el Bienestar Social comenzaron a analizar la situación de esta entidad, por el "gasto excesivo" que se había detectado y con el fin de "poner orden".
Ahora, el Gobierno de Cantabria quiere "que cada cosa esté donde tiene que estar", que esta Fundación se dedique a su objeto social y que los servicios que presta tengan el menor impacto posible en las arcas públicas.
Pero a ese trabajo que se ha realizado desde verano para ajustar la actividad de la Fundación, se une ahora la necesidad de realizar ajustes como consecuencia de la crisis y de la complicada situación financiera de la comunidad autónoma.
En este contexto, el presidente del Gobierno, Ignacio Diego, anunció a mediados del mes de febrero el Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos.
Entre las medidas ya anunciadas para que el sector público sea viable está la reducción de las empresas públicas a la mitad (de 45 a 22), con la absorción de Emprendiser por la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social -está previsto que ese proceso culmine hacia junio-.
Entre los programas que dejará de gestionar la Fundación y que asume la Administración regional están los de estudios sociológicos, el observatorio de la infancia, y la atención a infancia y adolescencia en el CAIA de Laredo.
Otros se van a prestar de forma diferente: es por ejemplo el caso de los programas de emancipación de jóvenes extutelados -a partir de ahora menores extranjeros y españoles convivirán en las mismas dependencias- y de acogimiento de Menores Extranjeros no Acompañados (Menas).
En este último caso, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) firmará un concierto para prestar el servicio y, según los cálculos de la Fundación, se podrán ahorrar más de 700.000 euros al año.
Mientras, los servicios que se prestaban en las aulas de 2 años pasarán a depender de la Consejería de Educación a partir del próximo curso.
La reestructuración de la Fundación incluye además un ajuste de plantilla para acabar con la "sobredimensión", y se ha empezado por puestos directivos, que "apenas tenía funciones" y que conformaban "una Administración paralela".
Se han suprimido departamentos de Personal y Administración -sus funciones las ha asumido la Gerencia- y de Programas y Servicios, y ya desde verano no se han renovado los contratos temporales que iban venciendo.
En un segundo paso se ha impulsado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a doce personas, principalmente encargadas de esos programas que se suprimen y que ya se hacen desde la Administración.
El ajuste de personal supone un ahorro de unos 700.000 euros anuales.
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