La Ciudad Autónoma de Melilla tendrá que pagar 7.800 euros en concepto de responsabilidad subsidiaria por la condena a varios menores extranjeros no acompañados que estaban tutelados por la institución a pesar de que habían abandonado de forma voluntaria el centro de acogida de la Consejería de Bienestar Social.
El portavoz del Gobierno de Melilla, Daniel Conesa, ha informado hoy de esta condena por una agresión a un ciudadano, por la cual la Justicia considera en su sentencia que la Ciudad Autónoma es responsable subsidiaria por tener la tutela de los menores que cometieron dicha agresión.
El Consejo de Gobierno celebrado hoy ha tenido conocimiento de esta sentencia, y también de otra similar en la que otros menores extranjeros tutelados han sido condenados a 12 meses de internamiento en el centro de reforma y otros seis meses de libertad vigilada, en los que la Ciudad Autónoma tendrá que establecer los medios necesarios.
Conesa ha explicado que ambas condenas se deben a agresiones a ciudadanos, y evidencian el problema al que debe hacer frente la Ciudad Autónoma en el caso de un porcentaje pequeño de menores tutelados que "se niegan a aceptar una mínima disciplina" respecto a las normas de funcionamiento de los centros de acogida.
Estos menores "desaparecen" de los centros y prefieren malvivir en la vía pública para intentar salir de Melilla como polizones en los barcos que conectan la ciudad autónoma con la península, momento en que llevan a cabo este tipo de comportamientos que son motivo de condena.
"Esa conflictividad ha terminado en el centro de reforma" y en una responsabilidad subsidiaria por parte de la Ciudad Autónoma, según ha lamentado Conesa, que cree que este "problema que tiene consecuencias de tipo social" y una "trascendencia importante".
Ante esta situación, la Ciudad Autónoma ha pedido al Gobierno central la reforma de la Ley del Menor para que la institución encargada de la tutela tenga la capacidad legal de establecer una disciplina y un régimen sancionador para que los menores, que están acogidos en régimen abierto, no solo tengan derechos, sino también una serie de obligaciones.
