La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ha emitido este año un total de 534 recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales a las distintas administraciones públicas, hasta alcanzar las 534 resoluciones, 86 más que en 2010.
Según explica la institución en su resumen anual de actuaciones, el numero de quejas individuales presentadas por los ciudadanos se mantuvo a niveles de 2010, aunque descendió el número de quejas colectivas.
En cuanto a las áreas temáticas, un año más los temas económicos fueron los que más preocuparon a los españoles. Así, el paro, las prestaciones sociales, los problemas con entidades bancarias y el acceso a la vivienda, fueron algunos de los temas más recurrentes en las quejas de los ciudadanos registradas por la institución.
No obstante, también se produjeron actuaciones en otros ámbitos, como la Sanidad, ya que, según explica la Oficina de la Defensora, la institución "lleva mucho tiempo batallando" por la "universalidad y gratuidad" del sistema sanitario y ha emitido diversas recomendaciones a los ministerios implicados porque "un segmento de la población aún no tiene reconocido el citado derecho, a pesar de que la sanidad se financia vía impuestos desde el año 1999".
A lo largo del año también se investigó de oficio la atención médica y farmacéutica a ciudadanos desplazados a otras comunidades autónomas y se emprendieron actuaciones sobre la atención al daño cerebral sobrevenido, la participación social en el Sistema Nacional de Salud y la confidencialidad de los datos clínicos de pacientes con VIH/SIDA, entre otros asuntos.
En materia de consumo, la mayoría de las quejas recibidas se relacionaron con el incumplimiento de la normativa en materia de garantías, servicios técnicos deficientes, el comportamiento abusivo de algunas empresas de alquiler de vehículos y los servicios de atención urgente y también de las referidas a la utilización del silencio administrativo por parte de los organismos, según la Institución.
Por otra parte, en cuanto a migraciones, se han tramitado más de 2.000 expedientes este año, cifra similar a la gestionada en 2010, con una presencia "significativa" de los efectos que la crisis económica ha tenido sobre la población migrante, y se ha publicado un informe monográfico sobre la determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados.
La Institución recuerda que es "urgente" avanzar en la "mejora" de todos los procedimientos administrativos de extranjería y evitar "la inaceptable demora que han de seguir soportando los ciudadanos extranjeros en su relación con la Administración", así como "la situación cercana al colapso que soporta el Registro Civil Central".
En el área de Educación, se han emprendido investigaciones sobre asuntos como la falta de transporte escolar en el asentamiento 'El Gallinero' (Madrid), las demoras en las convocatorias del Programa de Préstamos para la realización de estudios de Máster o Doctorado, o los criterios aplicables por todas las universidades españolas respecto al cálculo de la nota media de los expedientes académicos.
También se iniciaron actuaciones sobre la gestión de la bolsa de interinos del cuerpo de maestros de educación Primaria ya que descubrió que en algunas comunidades autónomas se establecía una valoración que no daba preferencia a quienes tenían esta especialidad, facilitando así el acceso a expertos en otras áreas. A juicio de la Institución, esto "podría constituir un menoscabo a la calidad de la educación y un perjuicio profesional".(europapress.es)
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