«Sin comida, ni un lugar donde dormir son trasladados en furgoneta con sus escasas pertenencias por educadores de los denominados 'Centros de Acogida' dependientes de la Diputación, a los Servicios de Urgencia del Ayuntamiento de Vitoria y en muchos casos estos últimos les dejan en la calle abandonados sin darles una alternativa residencial o para poder alimentarse al menos de forma temporal».
El relato lo escribió ayer la nueva plataforma social constituida en Álava en apoyo a jóvenes inmigrantes, un grupo de personas de diversa índole y procedencia, también participada por abogados, que nace con el objetivo de ayudar al colectivo de los llamados menores extranjeros no acompañados ('menas'). Un fenómeno de compleja gestión que ha provocado continuos enfrentamientos institucionales en los últimos años por la presunta minoría de edad de muchos de estos chicos.
Como desveló ayer EL CORREO, de las últimas 27 salidas registradas en el centro de protección a 'menas', propiedad de la Diputación, 24 chicos tenían más de 18 años, según las pruebas médicas a las que se sometieron. Es decir, que nunca debían haber accedido a este centro, sino a un recurso de mayores, como advirtió la diputada de Servicios Sociales, Marta Alaña: «Los servicios públicos están para quienes los necesitan, no para los que intentan engañar. La credibilidad del sistema está en juego», subrayó.
El actual protocolo de actuación, basado en el Reglamento de Extranjería, pivota sobre la Fiscalía, encargada de decidir en qué casos se pide a Osakidetza que realice las pruebas óseas -cuando la apariencia dice que tiene más de 18 años-. Luego, en función de los resultados, emite o no un decreto fiscal en el que se dice que el afectado es mayor de edad, lo que lleva a la Diputación, en paralelo, a sacar al chico del centro de Bidebarria, ubicado en Coronación, y derivarlo a los servicios municipales. Y aquí, según la nueva plataforma, es cuándo el Gobierno foral y el Consistorio, en vez de protegerlos, «abandonan» a estos chicos «en la más absoluta indigencia».
Recursos judiciales
Desde diciembre, explicó el portavoz del colectivo, Juantxu Oscoz, han salido del centro de menores una veintena de jóvenes por ser «presuntos mayores» y en lugar de seguir el protocolo de inserción social que se practicaba hasta la fecha, que incluía por ejemplo ayudas económicas para alquilar una habitación, ahora se insta a los afectados a volver a la ciudad de dónde vinieron.
Su presión social ha permitido que de momento duerman en el albergue municipal Aterpe, pero «sin comida». «Se alimentan gracias a la ayuda y a colectivos que se prestan de forma desinteresada», recalcó tras señalar que comen juntos en una lonja cedida por el movimiento okupa. «Nunca han dado problemas y prueba de su voluntad de integración es que siguen con sus clases, pese a la dura situación que viven», apostilló.
Las quejas no solo abarcan el trato humano, también se refieren a los protocolos de actuación. Las letradas presentes en la comparecencia explicaron que debe prevalecer la documentación frente a unas pruebas médicas que tienen un margen de error de «dos años». «Existen muchas sentencias que así lo indican», recalcaron. En este sentido, pidieron a la Diputación que entregue en tiempo y forma a los afectados estos decretos para que pueden recurrirlos ante la justicia ordinaria. De momento, no se ha aceptado ninguno de los tramitados en Vitoria.
Lo que sucede, según las instituciones, es que algunas documentaciones son falsas ya que cuando llegan a Canarias presentan un pasaporte que indica una edad y cuándo aterrizan aquí, tienen otro con otros datos. elcorreo.com
