La crisis se llevó ayer por delante el consorcio Pedro Anitua, un centro que cuando abrió sus puertas en Vitoria en 1985 fue uno de los primeros en abordar la educación de los jóvenes en riesgo de exclusión. El consorcio, en el que participan Educación y el Ayuntamiento de Vitoria, fue disuelto ayer por su junta, que suma al equipo de gobierno municipal, la citada consejería y los grupos municipales peneuvista y socialista.
Los representantes del alcalde, Javier Maroto,y de la consejera, Isabel Celaá, votaron a favor de disolver el consorcio, frente a la oposición de los socialistas vitorianos y del PNV. Educación atribuye el cierre a la falta de dinero para pagar las nóminas al reducir la Diputación y el Ayuntamiento sus aportaciones, mientras que estos replican que debe ser Celaá la que asuma el pago al ser competencia de su departamento.
En la práctica, el cierre del consorcio castigará a los menores extranjeros y a sus cinco trabajadores. El centro gestionaba los programas de cualificación profesional, competencia directa de Educación, que reubicará estas enseñanzas en otros centros. No ocurrirá lo mismo con otro programa, conocido como Aise, para preparar a los menores extranjeros no acompañados para los anteriores. Al centro acudían 150 jóvenes.
Nadie quiso responsabilizarse ayer de la situación. Mientras que la diputada foral Marta Alaña apuntaba a Educación como la institución que debiera asumir el coste del centro, el departamento acusaba al ente foral y al Ayuntamiento de haber hecho "imposible" su continuidad. La delegada de la consejería en Álava, Marian Jáuregi, quien garantizó la continuidad de los programas de cualificación, apuntó el "importante déficit" que arrastra el centro, ya que las otras dos instituciones "han detraído de forma unilateral parte o la totalidad de su aportación económica".
El Ayuntamiento sostuvo que fue Educación quien propuso la disolución del consorcio y garantizó que se mantendrán los programas de inserción laboral para mayores de 18 años.
Si ayer la cuerda se tensaba de nuevo entre la Diputación y el Ayuntamiento, las dos principales instituciones en manos del PP, y el Gobierno por este flanco, otro frente abierto parece cerrarse. Maroto y el lehendakari, Patxi López, se reunieron para abordar las críticas del primero por no haber recibido aún los cinco millones de euros por el canon de capitalidad que PSE y PP negociaron como uno de los puntos del actual presupuesto autonómico.
López aseguró que el Gobierno transferirá el dinero antes del verano y reiteró su apoyo a la Green Capital, "por encima de coyunturas políticas". La portavoz del Ejecutivo, Idoia Mendia, explicó que los trámites contables "llevan su tiempo" y afeó la "salida de tiesto" del alcalde por sus quejas.
