El Gobierno de Ceuta ha lamentado profundamente la irresponsable actitud que a su juicio han demostrado los representantes de UGT y CC.OO. en la Ciudad Autónoma "al criminalizar al colectivo de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) con unas manifestaciones que atentan contra los principios constitucionales, la Convención de los Derechos del Niño y el Derecho Internacional en materia de protección de menores".
El Ejecutivo local que preside Juan Vivas (PP) ha anunciado en una nota de prensa que, "a la vista de su gravedad", estudiará las declaraciones efectuadas por los representantes sindicales "por si pudiera derivarse algún tipo de responsabilidad legal" por decir que los menores "torturan" a los trabajadores y que habría que sustituir a los educadores por "la Caballería".
El Gobierno ceutí cree que estas palabras fomentan "la xenofobia" y el "rechazo" hacia los MENA y ha dejado claro que "no entiende" cómo sindicatos de clase "pueden ser capaces de generar alarmismo en relación a unos niños en dificultad social y que son objeto de protección por parte de la legislación española e internacional".
En declaraciones a los periodistas, los responsables de UGT y CC.OO. en la Administración local, José Mata y José Antonio López, han advertido de que "cualquier día" los MENA van a "matar" a un empleado público y han asegurado que durante las últimas seis semanas se han registrado "siete agresiones", la última con una cuchilla, contra trabajadoras del área de menores, para la que han exigido medidas urgentes con el fin de atajar el "insostenible escenario de violencia contra la plantilla".
El Gobierno de Ceuta ha reconocido que en el centro de 'La Esperanza', que alberga a menores de edad marroquíes, "hay los mismos problemas que puede haber en cualquier otra instalación de estas características".
Ha advertido, no obstante, de que "en ningún caso se producen episodios continuados de violencia y amenazas, y menos aún de manera generalizada por parte del colectivo de menores, tal y como han podido comprobar recientemente el Relator especial de la ONU sobre racismo y la oficina del Defensor del Pueblo".
Según el Ejecutivo, los sindicatos han "generalizado" unos hechos "protagonizados por un menor, de tan solo 11 años (una edad situada por debajo de la marcada por la ley para atribuir la responsabilidad penal), que padece un trastorno de conducta, y que actualmente no se encuentra en el centro".
"El área de menores mantiene un diálogo permanente y fluido, en el marco de lo que fija la legislación, con la Fiscalía de Menores, que en todo momento está informada de la evolución y comportamiento de cada tutelado, siempre en la búsqueda del bien del menor, procurando su desarrollo humano y su integración social".
El ejecutivo ha aseverado que también ha querido "reconocer y valorar" el trabajo de la plantilla, "que en ocasiones se deben enfrentar a situaciones difíciles, propias de un centro de esta tipología".
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