Yesterday gardaí confirmed the cases were among seven cases of children being involved in alleged trafficking so far this year.

The children in the other cases are foreign nationals, including some unaccompanied minors seeking asylum.

Mary Kenny, general manager, HSE Dublin South East, who works with separated minors seeking asylum, referred to the cases at a seminar in Dublin.

A total of 42 allegations of trafficking have been made so far this year. Last year there were 78 allegations made, of which 19 involved children.

Gardaí stressed that trafficking does not require the movement of children across borders.

The Child Trafficking and Pornography Act defines sexual exploitation as inducing or coercing the child to engage in prostitution or the production of child pornography, inducing or coercing the child to participate in any sexual activity which is an offence, or the commission of any such offence against the child.

Speaking at the Barnardos-organised seminar on separated children in foster care, Ms Kenny referred to the cases and said there were concerns over some adults claiming to be unaccompanied minors so as to gain easier access to the country.

She said this required age assessment, which was "not an exact science", with concerns that adults could be placed in child settings, such as residential centres and foster placements.

Ms Kenny also said the number of cases of proposed family reunification fell "dramatically" when DNA testing was introduced. She said this was "a very likely avenue for trafficking", with adults pretending to be a child’s parents.

Ms Kenny said that the Equity of Care model now being operated by the HSE, following the closure of hostels which had been places of care for separated minors, was "a work in progress".

Read more: http://www.examiner.ie/ireland/crime/gardai-probe-sex-exploitation-cases-169016.html#ixzz1ZMr5mGiM

Casi di sfruttamento sessuale di MSNA in Irlanda. GARDAÍ are investigating three cases of alleged sexual exploitation of Irish children under the Child Trafficking and Pornography Act.

Yesterday gardaí confirmed the cases were among seven cases of children being involved in alleged trafficking so far this year. The childre...
Yusef tenía 16 años el 19 de agosto de 2009. ¿O eran 18? ¿O 17? A este extranjero recién llegado a España se le hicieron tres pruebas óseas en tres hospitales de tres provincias distintas entre finales de agosto y principios de septiembre de ese año. El hospital Torre Cárdenas de Almería determinó que era un menor de "aproximadamente 16 años"; un centro de Valencia aseveró cinco días más tarde que su edad era de "aproximadamente 18 años" y un tercer centro de la ciudad de San Sebastián afirmó que "el grado de madurez ósea" era de 17 años. Es decir, fue considerado menor en dos comunidades autónomas y mayor de edad en una tercera en un lapso de 17 días.
La edad es determinante para el futuro de un inmigrante que llega a España: si es mayor y no tiene papeles será expulsado; si es menor debe ser protegido por el Estado, que solo podrá repatriarlo a su país de origen si se cumplen ciertas garantías y si tiene un entorno seguro y estable al que regresar. Por otro lado, en los casos en los que la persona haya cometido un delito, si es mayor se le aplicará el código penal de adultos, más duro y con penas de prisión; si no, podrá beneficiarse de la ley de responsabilidad penal del menor, con medidas más cortas y encaminadas mucho más directamente a la reinserción social.
El caso de Yusef refleja el monumental caos que existe en torno a la determinación de la edad de los extranjeros que llegan a España y que ha sido analizado en el informe presentado ayer por la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ¿Menores o adultos? Procedimiento para la determinación de la edad, que denuncia que el sistema no funciona. Las pruebas óseas y dentales no son fiables y presentan grandes márgenes de error que no siempre son tenidos en cuenta; los que aducen ser menores no tienen derecho a asistencia jurídica gratuita; el registro nacional de menores no acompañados está incompleto, de forma que cuando un menor pasa de una comunidad autónoma a otra, si no está registrado, puede ser sometido de nuevo a las mismas pruebas -muchas veces con resultados distintos-; autonomías y fiscalías aplican la ley de forma distinta y la descoordinación entre las regiones es absoluta. En ocasiones, incluso dentro de una misma comunidad autónoma se aplican criterios diversos.
Los ejemplos de prácticas disfuncionales son múltiples. Un informe emitido por un hospital de Granada el 11 de agosto de 2011 fijaba la edad de la persona estudiada como de "18 años según los criterios establecidos por Greulich y Pyle [un estándar de determinación de edad] para varones de raza blanca en la costa este de EE UU". El problema es que el paciente ni era varón, ni era de raza blanca, ni era americano: se trataba de una mujer nigeriana de raza negra llamada Gladys que aseguraba ser menor de edad y que fue expulsada poco después en virtud de este informe.
La escasa fiabilidad de las pruebas óseas es tal que ha ocurrido que a un menor lo consideren mayor de edad al llegar a España y dos años más tarde, cuando en teoría debería tener ya al menos 20 años, otra prueba distinta establezca que es menor. A otro chico le dijeron que tenía 13 años en 2008 y le atribuyeron 19 en 2010, según consta en el informe del Defensor del Pueblo.
Otras veces los exámenes médicos directamente no cumplen con los estándares mínimos exigidos por los expertos y se limitan a señalar, sin más datos, que la "edad ósea es de 18 años". Son informes de media línea en los que el médico no explica por qué ha llegado a esa conclusión ni el margen de error ni la horquilla de edades entre las que puede estar la persona.
Los problemas están claros, pero, ¿qué puede hacerse para garantizar la seguridad jurídica del menor en estos casos y que a la vez el Estado pueda confirmar que no hay fraudes? En primer lugar, según las consideraciones del Defensor del Pueblo, debe partirse de la base de que las pruebas óseas y de mineralización dental tienen márgenes de error y tratar de minimizarlos. No hay un método científico seguro y fiable al 100%.
"La radiografía de la muñeca no es suficiente para determinar la edad", indica Rafael Bañón, médico forense y director del Instituto de Medicina Legal de Murcia. "Hace falta una exploración completa del menor, una radiografía de la boca y, en algunos casos, una radiografía de la clavícula. Con todo esto se podría tener una certeza en algunos casos. En otros, ni siquiera con estas pruebas se habrá llegado a un resultado concluyente y seguirá habiendo margen de error. Entonces tendrán que ser los fiscales los que decidan con otros elementos no científicos como declaraciones de testigos".
Otro de los problemas detectados por el Defensor es que en ocasiones son los propios fiscales los que derivan directamente al menor a un centro médico y el que dice qué pruebas concretas deben hacerse para fijar su edad cuando debe ser únicamente un médico especialista en la materia el que determine el cómo y el qué se debe hacer.
El manual de buenas prácticas en esta materia que han establecido los expertos debería generalizarse. Y los menores tendrían que tener derecho a verificar que así se ha hecho y a recurrir ante los tribunales cuando no se haya seguido, según el informe del Defensor del Pueblo. Una de sus recomendaciones es que se reforme la Ley de Extranjería para garantizar el derecho del menor a estar asistido por un abogado en este proceso.
El informe hace 41 recomendaciones a las autoridades. Pide que se garanticen servicios especializados; un protocolo de actuación que sea seguido por todas las administraciones; y que se corrija el funcionamiento del Registro de Menores Extranjeros para que las distintas puedan compartir sus datos y no se repitan una y otra vez las mismas pruebas ni se someta a radiación a un mismo niño hasta cuatro y cinco veces. "Hay menores que durante meses han estado en un centro sin que se haya comunicado a la Policía Nacional ni conste en el registro", señaló ayer Cava de Llano.
La mayoría de los inmigrantes sometidos a este tipo de pruebas -3.054 en 2010, según datos de la Fiscalía General del Estado- son hombres. Apenas entran chicas a España sin documentación que se identifiquen como menores, lo que hace temer a las asociaciones y al Defensor del Pueblo que haya una realidad oculta: víctimas de trata menores en situación de extrema vulnerabilidad que no son detectadas por las autoridades y que después acaban en clubes en los que acaban siendo invisibles para siempre.(elpais.com)

Menores con margen de error Los inmigrantes indocumentados más jóvenes se enfrentan a pruebas arbitrarias o poco rigurosas para calcular su edad - El Defensor del Pueblo exige un criterio único

Yusef tenía 16 años el 19 de agosto de 2009. ¿O eran 18? ¿O 17? A este extranjero recién llegado a España se le hicieron tres pruebas ós...



Durante l'audizione a Palazzo San Macuto davanti alla Commissione parlamentare sui diritti dell'infanzia, il ministro dell'Interno Roberto Maroni ha fornito le seguenti cifre:

Dall'inizio dell'anno, 4.012 sono i minori immigrati sbarcati in Italia, di cui 3.739 non accompagnati.
Nella sola Lampedusa ne sono sbarcati 2.705 di cui 2.567 non accompagnati.
Mentre sull'intero territorio, ne vengono segnalati in totale 6.946, dei quali solo 926 sono stati identificati mentre 6.020 risultano ancora privi di identita' anagrafica.

"I minori stranieri non accompagnati che arrivano in Italia sono accolti in aree specifiche per il tempo strettamente necessario alle prima cure - assicura il titolare del Viminale - a Lampedusa, si sono registrate alcune difficolta' a individuare strutture idonee e a sostenerne gli oneri finanziari da parte degli enti locali ma dal prefetto di Agrigento sono state attuate tutte le misure possibili. Nell'isola siciliana - ha confermato Maroni - da oggi non sono piu' presenti minori immigrati non accompagnati".

Il ministro dell'Interno ha ricordato anche che "Lampedusa e' stata dichiarata ufficialmente 'porto non sicuro ai fini dell'approdo' e quindi se arriveranno altri immigrati da rimpatriare saranno portati in altri centri". Quanto ai rimpatri, "siamo passati da due voli da 30 persone a settimana a 10 voli da 50 persone a settimana: in pratica, ogni giorno vengono rimpatriati 100 cittadini tunisini".

4.012 sono i minori immigrati sbarcati in Italia, di cui 3.739 non accompagnati soltanto nell'ultimo anno

Durante l'audizione a Palazzo San Macuto davanti alla Commissione parlamentare sui diritti dell'infanzia, il ministro dell...
El Defensor del Pueblo ha planteado que se apliquen criterios más rigurosos para determinar la edad de los menores extranjeros no acompañados, tanto en el análisis de las pruebas médicas como en la coordinación de las distintas administraciones, respetando los derechos de los menores. 

En el documento Menores o adultos, presentado por la Defensora en funciones, María Luisa Cava de Llano, la institución expone que la "inoperancia" del Registro de Menores no Acompañados "compromete gravemente el control de los procedimientos de determinación de edad" de los casos de extranjeros en los que existe dudas sobre su edad y el seguimiento de estos casos.

Esta situación impide la existencia de estadísticas fiables sobre los menores extranjeros no acompañados en España, lo que condiciona la toma de decisiones, destaca la institución. "La diferencia entre ser mayor o menor de edad es muy importante", ha advertido la Defensora del Pueblo, porque "si es menor queda bajo la tutela española pero si es mayor se le expulsa". 

Además, ante la ausencia de criterios comunes en las diferentes administraciones se aplican "una amplia diversidad de prácticas", en los criterios de examen médico y en los trámites para determinar la edad, "en los que no siempre se respetan los derechos de los menores", como a ser asistidos por un abogado durante todo el proceso. 

El informe examina varias decenas de estos casos e indica que la falta de intervención de expertos en medicina legal provoca, en numerosas ocasiones, la interpretación de la edad basada en pruebas aisladas y carentes de rigor científico. 

El Defensor del Pueblo recomienda al Gobierno que reforme la Ley de Extranjería paraasegurar el derecho a la asistencia jurídica gratuita de los extranjeros indocumentados,cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad. Propone a la Fiscalía General del Estado que dicte una instrucción para que sus fiscales unifiquen los criterios y que ante uno de estos casos se acuerde dar traslado al servicio médico o al especialista en medicina legal competente para que evalúe las pruebas necesarias para estimar su edad. 

Recuerda que los médicos deben informar a los menores sobre el alcance de las pruebas y que antes de acordar el decreto por el que se fija su edad hay que celebrar una comparecencia con el interesado, acompañado de un letrado. Las pruebas médicas deben ser autorizadas por el fiscal y no deben realizarse a solicitud de la autoridad policial o de los servicios de protección de menores, como se hizo en varios de los casos investigados, lamenta. 

A distintas administraciones autonómicas recomienda que cuando la policía autonómica tenga a su disposición a un extranjero indocumentado cuya minoría resulte dudosa se dé inmediata cuenta de este hecho al registro de menores no acompañados. 

También, que establezcan un servicio especializado para la estimación de la edad, basado en protocolos comunes, y que se facilite un sistema de intercambio de pruebas e informes para evitar la realización de otras nuevas cada vez que los menores se mueven por distintas comunidades autónomas. 

El informe recoge el consenso de la comunidad científica para advertir de los grandes márgenes de error que presentan las técnicas utilizadas para estimar la edad -la madurez ósea y el análisis dental- por lo que propone tener en cuenta la influencia de factores nutricionales y de educación física, entre otros. 

El Defensor ha recabado el análisis de todas las instituciones y organismos implicados en este proceso, que coinciden en la necesidad de llegar a un acuerdo para el establecimiento de un protocolo común que pueda adoptarse en todas las provincias y que fije un procedimiento, plazos, métodos y pruebas a realizar.(diariodecadiz.es)

El Defensor del Pueblo exige más rigurosidad para determinar la edad de los menores inmigrantes

El Defensor del Pueblo  ha planteado que se apliquen  criterios más rigurosos para determinar la edad de los menores extranjeros  no aco...

Le Conseil général de Seine-Saint-Denis a annoncé avoir remporté « son bras de fer avec le gouvernement » sur la question de la prise en charge des mineurs isolés étrangers. Mais les mesures annoncées par le préfet de Seine-Saint-Denis le 22 septembre dernier vont-elles régler les problèmes liés à la prise en charge de ces mineurs qui pèsent sur quelques départements français ? Pour notre part, nous tenons à exprimer par ce communiqué nos réserves et de notre scepticisme. Si ces mesures marquent la reprise des discussions entre l’Etat et le département, elles demandent cependant à être précisées pour être réellement convaincantes.
Tout d’abord, nous restons sceptiques quant à la répartition « équitable et homogène » de l’accueil des mineurs isolés étrangers sous l’égide du ministère de la Justice par le biais d’instructions au parquet. Ces mesures de placement seront sans aucun doute contestées par les départements désignés, ce qui amènera les juridictions à choisir entre Paris et la Seine-Saint-Denis, les deux départements qui contribuent déjà le plus à la prise en charge des mineurs.
De plus, l’accent porté sur le retour volontaire des mineurs isolés n’est pas et ne pourra être une piste généralisable. Les autorités ne peuvent être tentées d’appliquer aux mineurs la politique de retour actuellement mise en œuvre pour les majeurs : chaque cas doit être examiné avec la plus grande prudence sous le contrôle du juge et en s’assurant des conditions de retour dans le pays d’origine. Or, la recherche de l’intérêt supérieur de l’enfant, imposée par la Convention internationale sur les droits de l’enfant, impose généralement le maintien en France.
Enfin, le renforcement des contrôles à l’entrée et l’ouverture d’un espace adapté à l’accueil des mineurs isolés à la zone d’attente de Roissy soulignent que le gouvernement les considère d’abord comme des migrants plutôt que des enfants auxquels nous devons apporter une protection adaptée et l’assistance dont ils ont besoin pour s’intégrer un jour à la communauté nationale.
Meilleure articulation des compétences entre Etat et départements, répartition géographique plus équitable des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, compensation financière des départements pour les dépenses spécifiques engagées pour la prise en charge des mineurs isolés étrangers : les solutions existent pourtant depuis longtemps sur le papier. Tous les rapports commandités par les gouvernements depuis dix ans les reprennent à leur compte. Parfois, la loi prévoit certaines mesures non suivies d’effet par la suite, comme le fonds national de protection de l’enfance abondé de seulement dix millions d’euros.
La situation actuelle est le résultat de dix ans d’indifférence de l’Etat que les collectivités locales ne peuvent plus compenser. Par conséquent, nous maintenons notre appel à la responsabilité de l’Etat pour qu’il assure un véritable pilotage solidaire et responsable de la prise en charge des mineurs isolés étrangers en coordination avec les départements et les associations de terrain.(france-terre-asile.org)

MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS : SCEPTICISME ET VIGILANCE APRÈS LE COMMUNIQUÉ DES AUTORITÉS SUR LA SITUATION EN SEINE-SAINT-DENIS

Le Conseil général de Seine-Saint-Denis a annoncé avoir remporté «  son bras de fer avec le gouvernement  » sur la question de la prise e...
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